Matari Pierre Manigat – “La forma estatal del capitalismo financiero”

Toda consideración sobre la dominación política contemporánea conduce inevitablemente a analizar dos características inherentes al poder estatal: por un lado, la articulación entre fuerza y consenso; y por el otro la particularización del Estado como poder separado de la sociedad y por encima de ésta. Ambas condicionan la suerte de la intervención estatal en la reproducción del sistema económico así como en la contención de los antagonismos sociales. El poder político reviste la forma de un “aparato público impersonal”, resumía Pasukanis. Para entenderla es preciso examinar las formas de articulación entre violencia y consenso y discernir los vínculos entre los poderes públicos y los intereses de la clase dominante.

 

Coerción       

La historia reciente de los medios de ejecución del poder estatal –tribunales, administración, ejército, policías, alguaciles, cárceles, etcétera– sintetiza las grandes evoluciones estructurales de la fase actual del capitalismo. Al igual que el conjunto de los servicios públicos, esas instituciones han sufrido medidas de austeridad así como una degradación de las condiciones laborales de la mayoría de sus integrantes. El desbordamiento de los jueces y el hacinamiento carcelario son las consecuencias más significativas. Esta tendencia ha sido mayormente matizada en el caso de las fuerzas policiacas. Si bien la cantidad de policías por habitantes sigue elevándose, los efectivos registran una evolución desigual desde la década de 1980. Cualitativamente, el tipo de armamento a disposición de los policías tiende a evolucionar de las simples armas de mano, a revólveres y, cada vez más, hacia armas semi-automáticas; así como una relajación de los reglamentos en cuanto a su utilización. La banalización de esas licencias para matar a la hora de enfrentar pandillas y patrullar en guetos, favelas y barrios marginales va crescendo. Pero su uso laxo no se restringe a reprimir todo aquello que la buena sociedad considera como escoria de las clases peligrosas. Cuando es necesario, la ‘violencia física legitima’ interviene sin ambages para pacificar los antagonismos entre trabajadores y patrones.

Pero esta evolución aparentemente contradictoria es compensada por otra tendencia. El control social transita crecientemente a través de cuerpos de seguridad privada. Siempre presentes en las tareas de resguardo de los centros industriales, comerciales y financieros del capital monopolista así como en el transporte de fondos, la policía privada ha extendido su campo de actividades hacia el control de pasajeros y equipajes y el patrullaje de espacios públicos (parques, playas, ferias, conciertos, etc.). De la misma manera se ha vuelto un elemento consubstancial de la organización de esas murallas de clase que son las llamadas ‘urbanizaciones cerradas’ (gated communities). Las fuerzas de seguridad privada en los Estados Unidos superan a la policía en una proporción de 3 a 1. América Latina es la región donde más crecen y con mejor armamento. En Guatemala superan a la policía en una relación de 6 a 1 (record). En México, su crecimiento ha sido exponencial desde la reforma de ese sector en 1995. En Argentina, conoció un aumento significativo durante los años noventa. Alrededor de 6000 a inicios de los 1970, empleaba 50 000 a mediados de la actual década1. Finalmente, la privatización del control social abarca también las cárceles. Desde la década de 1980, los países anglosajones han abierto la puerta a empresas privadas para encargarse del suministro de servicios, pero también de la construcción y de la organización de centros penitenciarios. Hoy en día, las cárceles privadas albergan el 8% de los 1.6 millones de prisioneros en EE.UU.2. El principio se propaga a otras partes del mundo, aunque sea a ritmos desiguales, generalmente bajo la forma de asociaciones ‘público-privadas’ y la práctica del outsourcing. En la estela de Chile y Brasil, una reforma introdujo el principio en México en el año 2013. En Argentina, existe al estado de propuesta desde 2016.

Esta doble tendencia en la organización de la coerción social –su forma organizada (estatal) y su forma in-organizada (privada)– atañe simultáneamente al consenso.

 

Consenso

Numerosos trabajos han puesto en relieve el reforzamiento inexorable del poder Ejecutivo con respecto al Legislativo y el Judicial. Esta presidencialización de las democracias constituye la espuma de un fenómeno más profundo. Traduce la autonomización y el empoderamiento de la alta administración –directores, consejeros, abogados, sherpas, etcétera–  así como su capacidad en orientar las decisiones del Ejecutivo. Este fenómeno está objetivamente condicionado, entre otros factores, por la creciente división, calificación y especialización que exige el tratamiento de los dossiers. No considerar ese fenómeno obstaculiza la comprensión del mecanismo de transmisión del poder estatal: la ordenación legislativa. En los hechos, la alta administración y su tecnocracia son los actores que han reemplazado al parlamento en cuanto a la presentación de iniciativas de ley. La producción legislativa y la definición del interés general tienen su centro en la alta administración. En esas circunstancias, la actividad efectiva del poder Legislativo se reduce a aprobar o rechazar las iniciativas de ley3.

Por educación y origen social, los altos funcionarios enlazan la cima de la burocracia estatal a los intereses de las clases propietarias. Las grandes familias administrativas son por lo tanto criaderos de altos oficiales, ministros y embajadores. El lobbying,  –actividad popularmente ubicada en los pasillos, restaurantes y grandes hoteles próximos a los parlamentos– se ejerce sobre todo ante los miembros de la alta administración. Asimismo, las últimas décadas registran la generalización de otro modo depravado de cooptación que Lenin ya vislumbraba: la gratificación de ex ministros, altos funcionarios y ahora ex presidentes con generosas sinecuras en los consejos de administración de corporaciones privadas. Las dos últimas décadas acusan la aceleración del uso de la puerta giratoria entre el Estado y el mundo de los negocios; una práctica que se plasma en interesantes resultados para las corporaciones financieras y no financieras en diferentes partes del mundo, como lo ilustró hasta la caricatura el “caso Barroso”; la contratación por Goldman Sachs de José Manuel Barroso, ex presidente de la Comisión Europea (2004-2014), como consejero en cuestiones ligados al Brexit. Pero si la puerta giratoria es eficaz para los negocios y estrategias de las corporaciones, también es proporcionalmente obscena para los intereses del Estado. La mayoría de los escándalos de corrupción política en las últimas décadas se batieron girando por esa puerta. Evidentemente, el conjunto de esos maridajes explica cómo los intereses del mundo de los negocios filtran el Estado. También permite comprender otro proceso: la conversión de las ideas de las clases dirigentes en ideas dominantes.

La vida política contemporánea se singulariza por la omnipresencia de una multiplicidad de actores –agencias de marketing, de publicidad, de comunicación, de notación, de consultorías, de sondeos, etcétera– que invadieron los diferentes pisos de las superestructuras políticas, especialmente en los últimos treinta años. Apologéticamente presentada como modernización de la vida política, sus actividades encubren una complicidad estructural con las clases dirigentes y las cámaras patronales. La industria mediática –sector donde la centralización de la propiedad alcanzó un grado inédito–  desempeña un rol creciente en la producción de las formas culturales sobre las cuales se asienta la hegemonía. Los desfiles y tertulias de todos esos actores han convertido a los mass-media en substitutos del debate parlamentario. La publicidad y sondeos de todos los días se convierten en instrumentos temibles en los momentos críticos de la vida política. El conjunto de esos recursos, especialmente los sondeos, son instrumentalizados para contrarrestar los efectos políticos de las movilizaciones colectivas (mítines, marchas, etcétera).

La actividad de todos esos agentes del campo político alcanza su paroxismo en las campañas electorales, momentos cumbres de la lucha política. Su creciente protagonismo desde la década de 1980 ha coincidido con el desplazamiento de la vida política hacia el centro. Como lo dijo sin rodeos el Wall St. Journal: “las campañas electorales en el extranjero se parecen cada vez más en estilo y en sustancia a la de EE.UU.”4. El estilo queda ilustrado por malabarismos entre ideas vacuas y fórmulas publicitarias encarnadas por candidatos sonrientes, títeres de estrategas en comunicación y de institutos de sondeos. La sustancia radica en constreñir los gobiernos a limitarse en reproducir las condiciones sociales generales y llevar cabo las políticas económicas que definen y acompañan el capitalismo de hoy.

 

Autonomía y heteronomía del Estado

Perry Anderson comparó la relación entre fuerza y consenso en el sistema político con la relación entre las reservas de los bancos centrales y la circulación fiduciaria en el sistema monetario y de crédito. Las primeras sirven de respaldo a las segundas. La fórmula traducía en el lenguaje terrenal del siglo XX la metáfora del centauro –ese ser mitológico con torso humano y ancas de bestia– con la cual Maquiavelo describía el Estado moderno en ciernes. Pero para soldarse fuerza y consenso deben de revestir la indumentaria y hablar el lenguaje propiamente estatal: el parlamentarismo y la ideología jurídica. A través de la producción de circulares administrativas, decretos, leyes y del Derecho en general, el Estado aparece separado de la sociedad y por encima de ésta. La tradición crítica de la forma política de la dominación burguesa opone a ese ordenamiento jurídico, una definición del Estado arraigada en su sociogénesis como producto del carácter irreconciliable de los antagonismos entre clases. Desde esa perspectiva, el ordenamiento jurídico opera la transubstanciación de la lucha de clases en dominación legal. Una paradoja de la era contemporánea, si la hay, radica en que la generalización de las democracias liberales y del Estado de derecho va aparejada con el reforzamiento de la dependencia de los gobiernos con la bolsa, la banca, la deuda pública, etcétera. Todos mecanismos que circunscriben la autonomía del Estado en los límites de una heteronomía estructural.

Las políticas neoliberales no implican –como se asevera apresuradamente– la fantasía por alcanzar el nirvana del Estado mínimo. Significa en primera instancia la penetración de las mediaciones mercantiles y competitivas como principios ordenadores de todas las dimensiones de la vida social; lo que incluye desde luego al Estado. La proliferación de policías y cárceles privadas son ejemplos de cómo los Estados tienden a comportarse crecientemente como las grandes corporaciones industriales que sub-contratan (outsourcing) actividades de sus casas matrices. Tal es también el significado profundo de los conceptos que tienden a predominar en las administraciones públicas y en las cátedras de Ciencia Política. Entre los años 1960 y 1980, los representantes de la escuela de los public choice llevaron a cabo en el plano de la teoría política lo que los economistas monetaristas y de la nueva escuela clásica operaban en el plano de la teoría económica. Los segundos criticaban las políticas keynesianas y los sistemas de planificación en general. Los primeros destinaban sus dardos a las expresiones políticas que encarnaban esas políticas. Con el fin de la fase heroica de esa embestida contra las tesis predominantes a nivel de la infra y de la superestructura durante la era de la Economía Mixta, llegó la hora de intérpretes más prosaicos pero no menos lisonjeros. A partir de los 1980, la New public management, la Digital era governance y el accountability propusieron las nociones, las herramientas y una jerga para administrar el Estado a imagen y semejanza de una corporación. Esa naturalización de las reglas del mercado y de la contabilidad financiera fundamenta también las tesis según la cual la despolitización de las principales palancas del poder público es la mejor forma de garantizar la imparcialidad y, por ende, una relación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Las reformas que consagraron la independencia de los bancos centrales en los años 1980 y 1990 son los mejores ejemplos de lo anterior. M. Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, desairó recientemente a un eurodiputado del partido español Podemos. El parlamentario había formulado una pregunta sobre las exigencias del BCE al gobierno griego. Para Draghi la interpelación presuponía que el Banco era una entidad política. Y la BCE no lo es como se lo objetó, sin ironía, Súper Mario5. No menos instructiva fue la experiencia del “gobierno técnico” (sic) de Mario Monti en Italia entre noviembre del 2011 y abril del 2013. Para decirlo a la manera del Wall St. Journal, el estilo Monti consistió en formar un gabinete con expertos de la sociedad civil políticamente desinteresados. Su substancia, queda claro, fué aplicar al pie de la letra las directrices de la UE y del FMI. Si bien Monti no hacía política, lo cierto es que fue el gobierno que más aplausos y loas recibió de los establishments políticos, periodísticos y académicos de los países imperialistas.

Un criterio para juzgar del éxito de las diferentes formas de Estado en la historia del capitalismo reside en su capacidad para imponer el orden económico y político de la burguesía como el único posible. Esto es uno de los motivos por el cual se efectúan retoques de la máquina estatal en cada gran fase de la historia social. Esos arreglos derivan del pasivo de los enfrentamientos sociales precedentes. Se gestan a partir de los dos pilares de la estructura del poder político: la coerción y el consenso. Ahora bien, si las crisis desnudan los componentes de una sociedad y permiten observar con claridad la praxis de sus agentes, entonces los últimos años confirman la creciente confusión entre el interés general y el interés de las grandes instituciones financieras y de los monopolios que las penúltimas dirigen. La crisis mostró también el nivel de desorientación sindical y política de las clases trabajadoras. Ello se expresa en las anémicas respuestas a la degradación de las condiciones de trabajo y de vida de las masas desde la crisis del 2008. Se expresa en las dificultades para sacar conclusiones de fondo ante la multiplicación de síntomas inequívocos de crisis estructural de las actuales democracias políticas. Con todo, características y contradicciones de la forma estatal orgánica del capitalismo financiarizado tienen un enorme significado para las luchas de clases. La complejidad de las máquinas estatales, por un lado, y el carácter crecientemente parasitario y corrupto de sus altos personales, por el otro, son indicativos de la necesaria abolición del gobierno político sobre los hombres y su reemplazo por formas sociales de gestión de la producción y de las riquezas.

 

Matari Pierre Manigat es economista, reside en la Ciudad de México.

Es investigador asociado de tiempo completo en la UNAM con el proyecto “Renovación del Estado y la política en un contexto de crisis y de incertidumbre social”. Obtuvo la Licenciatura y Maestría en Ciencias Económicas y en Ciencias Políticas por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne; obtuvo su Doctorado en Ciencias Económicas en la universidad de París XIII Nord. Sus campos de investigación son la teoría del Estado y la teoría del capital financiero.

 

* Versión actualizada de “La forma estatal del capitalismo financiero” publicado en México por la revista Memoria N° 255.

 

Notas bibliográficas:

:1 Small arms survey 2011: Estados de seguridad, Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra. http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-04-EN.pdf . Véase también Securitas, “Los desafíos de la seguridad privada en Argentina” 2014. https://www.securitasargentina.com/globalassets/argentina/files/medios/los-desafios-de-la-seguridad-privada-en-argentina.-presente-y-futuro-de-una-profesion.pdf

2 “Prisoners in 2013”, US Department of Justice. Office of justice programs. Bureau of Justice Statistics, 30 sept. 2014. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf Desde Reagan la población total de los EE.UU. aumentó aproximadamente de un tercio. En el mismo periodo, la proporción de detenidos aumentó en un 800%.

3 Ese confinamiento podrá interpretarse como un equilibrio, desequilibrio o reequilibrio entre los dos poderes; una apreciación que dependerá del carácter parlamentario o presidencialista del régimen así como de la trayectoria del mismo. En todos los casos prevalece la tendencia al empoderamiento de la alta administración.

4 J. Harwood, “A Lot Like Home: Campaign Strategists Give Foreign Elections That American Cachet”, The Wall Str. Journal, 24 de marzo de 1999.

5 Dos semanas después, la BCE y su presidente eran arrojados al frente de la tormenta política tras el anuncio de las autoridades griegas de organizar un referéndum sobre las medidas exigidas por la “troika”.