Eugenio Raúl Zaffaroni – Para volver a ser soberanos o la necesidad de una nueva Constitución Nacional

Constitución o estatuto son palabras cuya etimología remite a lo estatuario, a algo pétreo, sólido. En lo jurídico, significa una ley que reparte el poder para el ejercicio de la soberanía y cuya sanción y reforma son más complejas que las de las otras leyes, es una ley más pétrea en ese sentido.

Como toda ley, una Constitución es un deber ser, o sea, un proyecto (algo que se yecta o lanza hacia adelante), un ser que debe llegar a ser. Se trata de un proyecto de Estado que, si pretende ser democrático, ante todo deberá esforzarse por garantizar que el Pueblo será siempre el titular de la soberanía. El proyecto deberá distribuir el poder en forma que impida que nadie se la arrebate.

Aunque no es unánime la opinión –pues la derogación de la Constitución de 1949 por bando militar oscurece el panorama– se reconoce validez a la Constitución de 1853-1860-1994, es decir que existe como tal y como parte del orden jurídico. Algo muy diferente es preguntarnos si tiene eficacia, es decir, si sirve para el ejercicio de la soberanía, que es el objetivo de cualquier constitución.

La experiencia de la realidad política (gobierno de la polis) de los últimos tiempos demuestra que carece por completo de eficacia, puesto que posibilita la entrega de nuestra soberanía a poderes ajenos a la voluntad popular. Puede afirmarse que no cumple o desvirtúa el objetivo propio de toda ley de esa naturaleza.

Nadie dudaría acerca de la carencia total de eficacia de una imaginaria constitución que permitiese recibir a Beresford con todos los honores e instalarlo en la Casa de Gobierno. Pero este colonialismo burdo pasó de moda, esa hipótesis es hoy por completo absurda. No obstante, traducida al marco de poder mundial de nuestro tiempo, la actual Constitución Argentina cumple un papel análogo al de ese absurdo.

El colonialismo de nuestros días puede definirse como un ´tardocolonialismo´ impuesto por un totalitarismo financiero que ya vació las democracias de sus países sede. En esos países, sus gobernantes son ahora meros lobistas de las corporaciones transnacionales con sede en ellos. Ya no se trata del viejo imperialismo en que Estados dirigidos por políticos con poder se jugaban por los intereses de sus establishments, sino que las corporaciones transnacionales se han apoderado en ellos de la política, es decir, de los aparatos estatales, que los usan como instrumentos de su poder planetario. Cada vez importa menos que en esos países los pueblos voten por demócratas o republicanos, por socialdemócratas, conservadores o liberales, pues todos deberán cumplir el papel de lobistas.

El ´tardocolonialismo´ actual no desembarca necesariamente soldados –aunque a veces lo haga–, sino que vacía las democracias de los países del hemisferio Sur mediante endeudamientos siderales que en el futuro obligarán a los gobernantes votados por nuestros pueblos a someterse a las exigencias de los acreedores y no a los fines para los que los pueblos los votan. Sus mandantes serán los acreedores y no los Pueblos, sus gobernantes serán mandatarios de los acreedores y no de los Pueblos.

Para eso desembarcan en la forma subrepticia de administraciones que simulan protagonizar cambios de gobierno o alternancias en el juego democrático, cuando en realidad llevan a cabo radicales cambios de régimen, pasando de los más o menos soberanos a otros colonialistas. Pasar de la soberanía a la colonia no es un mero cambio democrático de gobierno ni una alternancia válida y saludable. Los procónsules o virreyes actuales se visten de presidentes, Beresford se instala en la Casa de Gobierno con banda presidencial y sin que nadie le arroje aceite desde los balcones. La hipótesis absurda se consuma ahora sin que nos demos cuenta, bajo disfraz democrático.

Estos cambios de régimen los permiten ahora textos constitucionales sin eficacia, en que no se prohíbe el monopolio mediático, la creación de realidad única, el discurso único machacando todos los días y a todas las horas. Ese monopolio, al que se agregan dueños de medios alternativos presos y periodistas perseguidos y embargados por jueces adictos, indica una total carencia de eficacia constitucional.

El deber ser federal de la Constitución (válida pero ineficaz), se desvirtúa porque el presidente puede repartir los dineros como quiere y, por ende, estrangular a los gobernadores. De este modo, el deber ser representativo tampoco tiene eficacia, porque los diputados y senadores se ven presionados por los gobernadores de sus provincias para votar las leyes que el ejecutivo nacional unipersonal quiere, con lo que se anula toda autonomía a la representación popular que deberían encarnar.

Una Corte Suprema que asumió desde hace décadas la función de decidir en última instancia las causas de cualquier materia de todo el país, hace su juego de rencillas internas y permite que se procese y encarcele a opositores y, de paso, a los empresarios nacionales que, pueden ostentar todos los defectos que se quiera, pero su destrucción implicaría su reemplazo por las transnacionales y la supresión de todo el capitalismo nacional en beneficio de otro que se llevaría todo el valor agregado del trabajo realizado en el país.

El principio republicano y el control de constitucionalidad, en estas condiciones es poco menos que un mito. El ejecutivo traslada jueces a su antojo y arma las instancias a su gusto en la justicia federal y, para colmo de sinceridad, el titular del ejecutivo declara la voluntad de tener jueces propios. Un Consejo de la Magistratura diseñado por la Constitución sin decir cómo se integra, se presta a perseguir a jueces por el contenido de sus sentencias.

Y lo que es más grave, es que el cambio sustancial de régimen lo decide una única persona, electa por una diferencia de poco más de un 1% de los votos, que por sí y ante sí endeudó al país en más de 230.000 millones de dólares en menos de tres años, firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, somete al Estado nacional a la jurisdicción de tribunales extranjeros y permite que un presidente del Banco Central juegue con el valor del dólar día por día, en forma tan escandalosa que el propio FMI tuvo que poner fin a su gestión.

La política de endeudamiento está acabando con la pequeña y mediana empresa nacional, que es la principal demandante de mano de obra en el país, ante la impotencia de la clase política desconcertada.

Una Constitución que posibilita la entrega de la soberanía popular por decisión de una única persona, o sea, que desvirtúa su principal objetivo conforme a su naturaleza, que vuelve irrisorio el mandato de gobierno representativo, republicano y federal, puede ser todo lo válida que se quiera, pero se ha vuelto por completo ineficaz, incluso para la función más elemental que debería cumplir.

Esta Constitución válida pero ineficaz es un deber ser que ya no puede ser. Lo que pensaron en Santa Fe en 1853 podía ser, pero ahora ya no es posible. Su distribución del poder es ineficaz para garantizar el ejercicio de la soberanía. Beresford se sienta en la Casa de Gobierno y dispone de la suma del poder público, sobre todo, del poder de regalar la soberanía.

Nuestro país necesita un nuevo cambio de régimen, ahora en sentido contrario, de la colonia a la soberanía. Pero para estabilizar este cambio será necesario sancionar una Constitución nueva, un nuevo pro-yecto de Estado. Los argentinos necesitamos lanzarnos (yectarnos) hacia el futuro con nuevas reglas pétreas que garanticen nuestra coexistencia en comunidad nacional y en ejercicio pleno de nuestra soberanía.

Es tarea que debemos pensar entre todos. No es función de juristas, sino de ciudadanos de nuestra Nación. Nos la impone la historia, todos los que lucharon por nuestra independencia, todos nuestros próceres, nuestros caudillos del siglo XIX, nuestros líderes populares, las víctimas de la crueldad de todas las etapas del colonialismo, nuestros pueblos originarios masacrados, nuestros marginados, nuestros héroes olvidados o ignorados.

Como latinoamericanos somos sobrevivientes privilegiados, no lo olvidemos. Lo somos porque no nos abortaron, porque logramos nacer con partos más o menos normales sin que nos abollen el cráneo, porque tuvimos alimentación elemental para desarrollar nuestras neuronas, porque no nos mataron enfermedades infantiles tratables, porque logramos aprender a leer y escribir, porque no nos mató ninguna dictadura ni ninguna catástrofe natural evitable, porque algunos logramos llegar a la universidad. Y si sobrevivimos fue como resultado de la lucha anticolonialista de siglos, desde el padre Las Casas hasta hoy. Los sobrevivientes, como privilegiados frente a los que no pudieron sobrevivir, tenemos el deber de seguir esa lucha. Se nos impone pensar un nuevo pro-yecto de Estado, con normas susceptibles de ser eficaces.

Eficacia significa capacidad para mantener la soberanía y una distribución del poder ante todo democrática, representativa (sin desmedro de elementos de democracia directa), republicana en serio y federal también en serio. Reconstruir el Estado para nuestra existencia como comunidad nacional soberana. No debe asustarnos la tarea y tampoco inmovilizarnos la pregunta sobre cómo lo conseguiremos. Antes debemos pensar el qué, el cómo siempre es lucha política.

 

Eugenio Raúl Zaffaroni es ex juez, reside en Buenos Aires.

Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Juez, jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo argentino graduado de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962. Obtuvo el doctorado en  Ciencias Jurídicas y Sociales en la universidad Nacional del Litoral en 1964.