La democracia brasilera está hoy en día en pleno proceso de erosión, viviendo en la borrosa frontera con el autoritarismo y, a pasos agigantados, se orienta hacia una profundización de los privilegios y aumento de la desigualdad. En este sentido, hablar de privilegios, es debatir los sentidos de la democracia. En este breve artículo, nos focalizaremos en el ‘auxílio moradia’(vivienda), beneficio que los magistrados en Brasil están luchando para continuar recibiendo; con él, se multiplican los problemas de desigualdad, exhibiendo la lejanía de los magistrados con su función social y con la sociedad.

 

Un poquinho sobre Brasil

Brasil es uno de los países más desiguales del mundo y el gobierno actual está haciendo lo imposible para alcanzar los primeros lugares^[1]. Por mérito propio, la élite brasilera se irrita con la mejora popular, al mismo tiempo que los sectores privilegiados están acumulando y concentrado cada vez más. O sea, un radical odio de clase. Pero no sólo es la desigualdad que crece, también aumenta la concentración de renta: un estudio reciente del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) mostró que las personas que forman parte del 1% con mayores rendimientos ganan en promedio 36,1 veces más que la mitad de la población con menores ingresos^[2].

Después del golpe de 2016, con el estético juicio político a Dilma Rousseff, un furor legislativo cooptó el Parlamento. El objetivo de este proceso: eliminar el rudimentario estado de bienestar brasilero, reducir los derechos sociales a su mínima expresión y consolidar una vez más los privilegios de una élite tacaña, racista, indigente intelectualmente, colonizada y esclavista. Como decía el poeta Millôr Fernandes, ‘Brasil tiene un enorme pasado por delante’. Nada más actual.

El presidente actual de Brasil, Michel Temer, tiene la menor tasa de aprobación del mundo: 3%. Un campeón de la falta de legitimidad. Agregamos que se trata de un gobierno ilegal por su origen fraudulento producto del desvío de finalidad en la utilización del instituto de impeachment. No es azaroso que Brasil haya vuelto a entrar en el mapa mundial de la pobreza y el hambre. Según una encuesta de LCA Consultores, el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil pasó de 13,34 millones en el 2016 a 14,83 millones en el 2017, lo que significa un trágico aumento del 11,2%^[3]. Un gobierno invencible en la multiplicación de la desigualdad y el hambre.

 

La Corporación

El poder judicial está cada vez más presente en diferentes ámbitos en los que antes no participaba. Desde el fortalecimiento del activismo judicial –muchas veces selectivo– hasta la judicialización de las relaciones sociales y de la política, el judicial brasilero está presente en todas las tapas de los periódicos cotidianamente. O sea, es un actor de relevancia y determinante en la democracia actual. La constitución de 1988 le otorgó fortaleza y recursos. La premisa enunciada en el artículo 78 en Los Federalistas, donde Alexander Hamilton sugiere que, en palabras sencillas: el Judicial no tiene ascendencia alguna sobre la espada (el Poder Ejecutivo) o la bolsa (el Poder Legislativo), no posee Fuerza ni Voluntad, sino tan sólo criterio, tratándose del poder más frágil, hoy sería muy debatida.

Pero al mismo tiempo que el poder judicial participa cada vez más de las diferentes arenas del escenario nacional, su proceso de designación continúa con problemas históricos. Por un lado, es el único poder del Estado que no es elegido por el pueblo. Esta característica incide en el tema de legitimidad en cuanto a juzgar sobre ciertos temas. Por el otro, existe un problemático perfil específico en Brasil que hace parte de este poder del Estado: en general, es blanco, masculino y pudiente. En este sentido, la magistratura está representada, en promedio general, por un 62,7% de hombres y 37,3% de mujeres. Pero claro, existen profundas diferencias por regiones: por ejemplo, en el estado de Amapá sólo el 9,8% es femenina^[4]. Cuando colocamos la cuestión racial, los números son expresivos: el Censo del Poder Judicial del 2014 realizado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) apuntó que los magistrados brasileros que se declararon negros fueron el 1,4%. Por otra parte, el 84,5% se declaró blanco y el 14% pardo^[5]. Los indígenas están representados en peso, alcanzando la minúscula cifra del 0,1% del total. El perfil por excelencia de la magistratura brasilera es un juez hombre, blanco, casado y heterosexual. En fin, todo lo contrario que la cara de la verde-amarela.

Brasil es un país extremamente diverso (geográfica, racial, culturalmente, entre muchas otras), y esa característica es su gran diferencial en el mundo; pero, simultáneamente, es su gran desafío. No todas sus instituciones procesan esa diversidad de la misma forma. Algunas de estas, poco se esfuerzan para canalizar las diferencias existentes. Y estas diferencias aumentan notablemente cuando tenemos en consideración género, raza y territorio, como vimos anteriormente.

El poder judicial fue históricamente el poder menos estudiado. El ex ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Aliomar Baleeiro, consideraba ya en 1967 al Supremo ‘como aquel otro desconocido’. En los últimos años, a partir del aumento de su participación en los diversos escenarios (un movimiento mundial), comenzaron a reproducirse estudios desde las más variadas áreas del conocimiento humano. En ese proceso se comenzaron a desnudar características de una institución que siempre estuvo en las sombras.

El prestigio fue siempre considerado un bien sagrado en esta institución. Con la pérdida del prestigio, su justicia se observa y se entiende como parcial. Y la parcialidad deshace los sentidos de la justicia. De esta forma, pocos magistrados se arriesgaban a participar de eventos públicos, y menos todavía en programas de televisión o de entrevistas. Hoy, ocurre exactamente lo contrario. Pero, como vimos, otras características empezaron a ser develadas, como por ejemplo, la poca participación de mujeres y especialmente de mujeres negras. La poca preocupación con relación al género y la raza no es simplemente un evento inocente, es una forma de dominación y de comprender el mundo. Y ese mundo que es construido por este sector específico es el que al final de cuentas, sentencia ‘justicia’. Si agregamos los números minúsculos de hombres negros y/o de origen de clases populares, el problema se multiplica sensiblemente. De esta forma, el poder judicial en Brasil se tornó en un poder blanco, de privilegios, de continuidades, y una garantía de que una forma de comprender el mundo va a ser traducida en sentencias, en un monumento jurídico.

Los estudios fueron exponiendo estos problemas y algunos reajustes están siendo implementados^[6]. Pero ellos demoran y traen consigo problemas estructurales de la desigualdad brasilera: temas de salud, educación básica e inclusión social. ¿Quién puede acceder y cursar la carrera de derecho? ¿Quién puede hacer un curso de dos años para entrar a la carrera judicial sin apoyo económico? ¿Quién suele ser reconocido y promovido dentro de la institución? En fin, existen todavía muchas preguntas, mucho desconocimiento, muchas áreas llenas de sombras y poca voluntad de respuestas.

Si tomamos todas las instituciones en Brasil, las Fuerzas Armadas, la prensa y el poder judicial son las que menos aversión generan y, simultáneamente, las que más apoyo tienen. Según una pesquisa de Datafolha^[7], el 40% de la población dice confiar mucho en las Fuerzas Armadas; el 22% dice confiar mucho en la prensa y el 20% dice confiar mucho en el poder judicial. Al mismo tiempo, el 92% de la población cree que la justicia trata mejor a los ricos que a los pobres. Parece una paradoja: la fuerza y la garantía de derechos. Dejando de lado la prensa (y su discusión), que en Brasil es hegemónica y conservadora, existen varias similitudes entre el poder judicial y las FFAA: pocos saben realmente sobre ellas. Son carreras que muchos heredan, no son elegidos por el pueblo y, en Brasil, ambas instituciones se autoconsideran la reserva moral del país. Así, en momentos de quiebres institucionales o golpes de estados, son estas instituciones las que vienen a salvar al país. Claro, podemos discutir los significados de salvar y a quién se está salvando. En general, estas dos instituciones en momento de quiebre, lejos de estar en bandas rivales, tienen un ritmo sincronizado, ambas se precisan para legitimarse y desempeñar su trabajo. Los militares precisan del sello del judicial para mostrar su disfraz legal y democrático, y el poder judicial los precisa para intentar sobrevivir. Por ejemplo, en Argentina, desde el golpe de 1930, la Corte Suprema estableció una tradición de sellar de legalidad los quiebres institucionales. En Brasil no es muy distinto. En general, pocos saben sobre el poder judicial y menos son los que comprenden el léxico kafkiano del mundo jurídico. Recordemos que los jueces hablan por sus sentencias. Y las sentencias son eventos políticos.

Pero, actualmente, parecería que los jueces hablan por fuera de sus sentencias. Y, en general, cuando abren la boca, más se entiende sobre los problemas en la justicia. Como dijo el futbolista Romario cuando le preguntaron sobre Pele: ‘callado es un poeta’. Lo mismo se aplicaría para muchos magistrados. Y en numerosas ocasiones, los magistrados adelantan los votos de sentencias que van a ser dictadas. Y eso está prohibido por la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional (LOMA) de 1979, que en su artículo 36 establece: “es prohibido al magistrado, III – Manifestarse, por cualquier medio de comunicación, opinión sobre causas pendientes de juzgamiento…”.

 

La continuidad de la desigualdad: Privilegios en formato de beneficios

El auxílio moradia (vivienda) fue creado en los años setenta para jueces de distritos que no tenían ‘residencia oficial’ a disposición. El auxilio nunca fue regulado y terminó siendo concedido de diferentes formas en cada estado de Brasil. El auxilio vivienda es un beneficio, una ayuda económica que los magistrados reciben en Brasil basados en la ley LOMA. El valor es pagado directamente con su salario y no precisan comprobar que el uso del dinero fue en costos de vivienda. Ese auxilio es de 4.377 reales, unos 1283 dólares mensuales. Para ubicar lo que significa ese monto en Brasil, el 92% de los salarios de los brasileros están por debajo del auxilio otorgado a los magistrados. Sí, estoy hablando del auxilio, no del salario de los magistrados. Si tenemos en cuenta el salario promedio de un magistrado (el techo legal es de 33.000 reales), este es mayor que el 99% de los salarios de los brasileros. Si tenemos en consideración el promedio de lo que un magistrado recibe en todo concepto, aproximadamente 47.000 reales (unos 13.800 dólares mensuales)^[8], la punta de la pirámide salarial queda minúscula. Son datos importantes para tener perspectiva de la discusión. Remarco, el auxilio vivienda no es el único beneficio que reciben los magistrados, existe también el auxilio alimentación, salud, educación, entre otros. Y sin perder la esperanza, varios otros vienen por delante. En un país rico en pobreza, racismo y recursos naturales, los privilegios muestran la potencia de la continuidad histórica nacional. El poder judicial es parte de la continuidad y es, al mismo tiempo, su garantía jurídica. O sea, la discusión del auxilio vivienda es una forma de comprender la democracia en Brasil.

Irónicamente, fue el propio Supremo Tribunal Federal, cabeza máxima del poder judicial, que decidió sobre el destino del beneficio. El auxilio vivienda fue extendido a todos los magistrados por una decisión liminar de uno de los once ministros del Supremo, por el ministro Luiz Fux, en el 2014.  El auxilio, según Lux, tiene carácter indemnizatorio y no remuneratorio, tornándolo compatible con el régimen constitucional aplicable a los magistrados^[9]. Claro, la decisión tuvo impactos políticos y económicos. Los primeros, la incertidumbre de cómo va a reaccionar el poder legislativo y ejecutivo. Aunque, en este ámbito, la negociación es parte del proceso. En lo económico, el tema es simple: según un relevamiento de la revista Veja, el 86% de 20.270 magistrados brasileros recibieron el auxilio en el 2017. En este sentido, la Unión y las provincias gastaron en el 2017 aproximadamente 920 millones de reales con el pago del beneficio^[10]. Estamos hablando de un auxilio, no del salario, reitero. En un país donde existe un profundo problema habitacional, es suficiente con observar los morros cercanos a las playas de Río de Janeiro, ese dinero podría bien ser destinado a una política habitacional con una finalidad social y no para socialites de toga.

Pero no se trata solamente de la desproporcionalidad del beneficio con relación a otros sectores de la administración pública y de la sociedad como un todo. Existen ejemplos que multiplican los cuestionamientos al auxilio.

El juez federal Sergio Moro, que lidera la mega causa Lava–Jato con sede en Curitiba, se pronunció sobre el tema recientemente. Moro, un héroe de los sectores más reaccionarios, exhibe la irrealidad de parte del mundo judicial. Él declaró que “el auxilio es una forma de compensar la falta de reajuste salarial de los jueces federales”^[11]. Teniendo en cuenta que casi el 50% de los trabajos en Brasil son informales, y más del 60% de los nuevos empleos son también informales, hablar de reajuste salarial es una provocación^[12]. Remarco: el rendimiento promedio domiciliar es de 1.200 reales. Claro, si tenemos en cuenta la cuestión geográfica, el rendimiento cayó, y mucho. No es lo mismo el estado de San Pablo, corazón económico del país, que estados del Norte donde el rendimiento cae a 700 reales.

Es importante dejar en claro que para recibir el auxilio vivienda a un magistrado no se le exige la ausencia de un inmueble propio. En general, este tipo de beneficios se otorgan cuando la persona deja su ciudad y se traslada a otra, en ese caso recibe el beneficio. En Brasil no ocurre de esa forma. No es ilegal recibir el auxilio aunque, donde el magistrado este trabajando, tenga su propio inmueble. Es el ejemplo del propio juez Moro. Actualmente vive en su propia residencia e igualmente recibe el auxilio desde el 2014. Claro, no es ilegal, pero es muy criticado. La injusticia de la justicia.

Otro caso que nos ilustra la problemática viene del juez Federal Marcelo da Costa Bretas, responsable por la mega causa Lava-Jato en Río de Janeiro. Bretas entró en la justicia pidiendo el auxilio tanto para él como para su mujer Simone de Fátima Diniz Bretas, también jueza federal. El Consejo Nacional de Justicia (que desempeña un control externo al poder judicial) prohíbe el auxilio en esos casos. Pero así mismo, Bretas ganó la causa. La justicia al servicio de la desigualdad. En declaración, Bretas indicó que “siempre que pienso que tengo el derecho a algo, entro en la justicia y lo pido”[13]. El auxilio vivienda multiplicado por dos, viviendo en su propia casa. Pero fue tanto el alboroto y visibilidad del caso Bretas que, recientemente, el ministro más controvertido del STF, Gilmar Mendes, pidió que se revea esa causa. Claro, no por justicia, sino para que ese caso no haga efecto dominó y evite que el público exija que todos los magistrados pierdan el auxilio. Otro caso elegante es el de la hija del ministro del STF, Marianna Fux. Ella es jueza y recibe todos los meses el auxilio, siendo que es propietaria de dos inmuebles en Leblon, el barrio más caro de Río de Janeiro, y estos superan el valor de dos millones de reales. Recordemos que fue el propio Ministro del STF, Luiz Lux, el que posibilitó la permanencia del auxilio desde el 2014. Para finalizar, tal vez el caso más sensato sea el del magistrado del Tribunal de Justicia de San Pablo, José Antonio de Paula Santos Neto. El juez recibe mensualmente su auxilio y es propietario de 60 inmuebles. Sí, no leíste mal, 60. Una joya de ética.

Es importante remarcar que los brasileros pagan uno de los sistemas de justicia más caros del mundo. En el 2016, el gasto representó el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil. En el mismo período, en Alemania, el gasto en justicia representó el 0,4%. O sea, el poder judicial brasilero fue 3,5 veces más caro que en Alemania. Un dato de color, o de indisposición^[14].

 

Horizonte

Los debates sobre desigualdad y democracia muchas veces no incorporan cuestiones que son parte de su construcción. La justicia es un pilar fundamental de un Estado de derecho democrático. Parecería que hoy la justicia en Brasil habla de múltiples formas: por sus sentencias, parcialidad, por su comportamiento, desigualdad por sus palabras, por su irrealidad social.

Luchar contra la desigualdad, a favor de la dignidad y de la justicia social, además de ser el objetivo enunciado en la constitución brasilera, es fundamental para saber qué tipo de democracia estamos construyendo. Los privilegios son una base que tritura los cimientos de cualquier construcción democrática. En Brasil, la justicia lucha por sus propios privilegios, alejándose cada vez más de la sociedad. Al hacer eso, la justicia pierde su sentido, y la democracia comienza a despedazarse desde su corazón. Luchar contra la desigualdad no consiste solamente en ejecutar políticas públicas que corrijan ciertos patrones. Es también mudar culturalmente los hábitos institucionales, como por ejemplo, los privilegios históricos que el poder judicial disfruta. Una élite que fortalece su continuidad institucional. Como indica irónicamente Huber Mendes “los magistrados no precisan tener una vocación para la pobreza”[15]. Pero sí precisan de criterio, razonabilidad y proporcionalidad.

Actualmente, la democracia brasilera está contra las cuerdas, si es que existen cuerdas o si es que existe democracia. La continuidad y fortalecimiento de los privilegios aniquilan cualquier posibilidad de construcción real. En este sentido, una investigación reciente, de septiembre de 2017, indica que el 43% de los brasileros apoyan una intervención militar en Brasil^[16]. Uno de los índices más alto de la región. Según Latinobarómetro, Brasil es el país de la región que menos satisfecho está con la democracia, solo el 13%^[17]. Además, según el Instituto Paraná Pesquisas, el 74% de los brasileros apoyan la intervención militar en Río de Janeiro^[18]. Un horizonte complicadísimo. En cuanto exista la ostentación de privilegios en Brasil, la democracia va a ser más estética que material. Y así, otros regímenes, de color verde oliva, pueden tornarse una alternativa real. Y ahí, todos vamos a precisar de auxilio.

 

Andrés del Río Roldán es politólogo, reside en Río de Janeiro.

Doctor en Ciencias Políticas (IESP-UERJ). Investigador y Profesor Adjunto de Ciencia Política de la Universidad Federal Fluminense (IEAR-UFF). Jefe del Departamento de Geografía y Políticas Publicas DGP-IEAR-UFF. Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo (INCT-PPED)  Coordinador del Núcleo de Estudios sobre Estado, Instituciones y Políticas Publicas, NEEIPP-UFF.

 

Notas bibliográficas:

^[1] “Brasil é o 10º país mais desigual do mundo”, O’Globo, Economia, 21 de março de 2018. Disponible: https://glo.bo/2suHNgZ

^[2] “Crise no mercado de trabalho faz renda do brasileiro encolher em 2017, aponta IBGE”, G1, O’Globo, Economía, 11 de Abril de 2018. Disponible: https://glo.bo/2GORq5m

^[3] “Pobreza extrema aumenta 11% e atinge 14,8 milhões de pessoas”, VALOR, 12 de Abril de 2018. Disponible: https://bit.ly/2HwJaUW

^[4] “Poder Judiciário é retrato da desigualdade de gênero”, Justificando, 15 de Marzo de 2018. Disponible: https://bit.ly/2nsdxBk

^{[5] “}Censo do CNJ aponta que 1,4% dos juízes brasileiros são pretos”, G1, O’Globo, 16 de Junio de 2014. Disponible: https://glo.bo/2JMnSDi

^[6] Un ejemplo de ello es la pequeña pero importante mudanza en el perfil de los jueces, aunque todavía marginal.

^[7] “92% acreditam que a Justicia trata melhor os ricos do que os pobres”, Datafolha, 26 de Junio de 2017. Disponible: https://bit.ly/2udaiR5

^[8] “Despesa média com juiz no Brasil é de R$ 47,7 mil por mês, informa CNJ”, G1, O’Globo, 4 de septiembre de 2017. Disponible: https://glo.bo/2JIVrWW

^{[9] “}Luiz Fux extende o pago de auxílio-moradia a toda a magistratura”, Consultorio juridico – ConJur, 26 septiembre 2014. Disponible: https://bit.ly/2D7foHf

^[10] “O privilégio é a lei”, Veja, 9 de Febrero de 2018. Disponible: https://abr.ai/2GY7LVv

^[11] “Auxílio-moradia compensa falta de reajuste, afirma Moro”, Folha de São Paulo, 2 de Febrero de 2018. Disponible: https://bit.ly/2FIzzZ7

^[12] “Metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que o salário mínimo, aponta IBGE”, G1, O’Globo, 21 de noviembre de 2017. Disponible: https://glo.bo/2k973dE

^[13] “Juízes são uma casta no Brasil e na Argentina, mas servidores comuns na França”, El Pais, Brasil, 2 de Febrero de 2018. Disponible: https://bit.ly/2BRgykR

^[14] “O Judiciário do Brasil é 3,5 vezes mais caro que o alemão”, Carta Capital, Politica,  9 de Febrero de 2018. Disponible: https://bit.ly/2JMCVwL

^[15] “O discreto charme da magistratura”, Revista Epoca, 5 de Marzo de 2018. Disponible: https://glo.bo/2FZjfU4

^[16] “43% dos brasileiros defendem a volta da intervenção militar, diz pesquisa”, R7, 27 de diciembre de 2017. Disponible: https://bit.ly/2JPq7pt

^[17] LATINOBARÓMETRO, INFORME 2017, Chile, 30 ene 2018. Disponible: http://bit.ly/1lUWoa2

^[18] “Intervenção no Rio tem aprovação de 74% dos brasileiros”, R7, 22 de febrero de 2018. Disponible: https://bit.ly/2H1dYfi